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El Estado dará $1.700 millones a 383 listas para imprimir boletas

Pertenecen a 139 agrupaciones en todo el país. Muchas de ellas no superarán el piso de votos que les permitirá acceder a las elecciones legislativas.

El escenario electoral posterior a la pandemia muestra un mayor nivel de disputa interna partidaria, que tendrá un elevado costo económico para el Estado. El Gobierno deberá desembolsar $1.673 millones sólo para pagar la impresión de boletas de papel que tendrán cada una de las listas internas que competirán en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que muchas de ellas no superarán el piso de votos del 1,5% que les permitirá acceder a las elecciones legislativas.

Serán 383 listas de 139 partidos y agrupaciones, que el Estado deberá financiar, entre otros gastos, con fondos para imprimir millones de boletas, un número que dependerá de la cantidad de electores del distrito en el que compitan. Para diputados nacionales competirán 282 listas, mientras que para senadores – se eligen solo en 8 provincias – habrá 101 propuestas electorales.

A diferencia de lo ocurrido en 2019, las listas internas que participarán de las PASO serán este año un 28% más, según se desprende de la información de la Cámara Nacional Electoral (CNE) obtenida por la Unidad de Datos de Infobae. En las PASO de 2019, se presentaron 216 listas de precandidatos a Diputados y 67 listas de precandidatos al Senado, según los datos oficiales del máximo tribunal electoral del país a los que accedió este medio.

Boleta única papel pendiente

Tanto las PASO como las boletas de papel son dos herramientas de la democracia argentina que fueron cuestionadas en los últimos años, justamente por su alto costo. Hubo proyectos para suspender las Primarias y también intenciones de cambiar el actual sistema de boleta múltiple de papel por la boleta única o el voto electrónico. Pero ninguno de los cambios prosperaron hasta ahora en el Congreso, pese al reclamo de distintos sectores en pos de mayor transparencia y los proyectos presentados en la Cámara de Diputados en ese sentido.

El proyecto de reforma electoral que Cambiemos impulsó en 2016 para aplicar el voto electrónico finalmente fracasó, en medio de cuestionamientos sobre su seguridad. “El tema más controvertido en relación con el voto electrónico es la seguridad informática. Los detractores del voto electrónico señalan que bajo este sistema no se puede garantizar la secrecía del voto ni tampoco su fiscalización. Mientras el voto en formato de papel puede ser controlado por cualquier ciudadano, el control sobre un dispositivo informático requiere de especialización y el funcionamiento del sistema escapa a la mayor parte de los ciudadanos”, señaló Carolina Tchintian, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en un informe publicado por esta ONG.

¿Cómo funciona el financiamiento electoral? Las alianzas reciben fondos públicos por distintas vías: recursos para su desenvolvimiento electoral, que se reparten entre las agrupaciones de acuerdo a los resultados de elecciones anteriores. Además, perciben un monto de dinero en función de la cantidad de electores de cada distrito para financiar la impresión de boletas con los nombres de cada lista.

Para estas PASO, el Estado deberá desembolsar más de $1.700 millones para imprimir las boletas. Cada partido, no importa su tamaño, recibirá el dinero correspondiente para afrontar el gasto, equivalente a un padrón y medio de boletas de la provincia en la que decida competir.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) dispuso en junio que el Estado debe financiar $1.33 por cada boleta. Ese número, multiplicado por un padrón y medio de electores de cada provincia, es lo que recibirá cada una de las listas que se presenten en las PASO.

Las provincias con más internas

Buenos Aires, la provincia más poblada, será la que condense el mayor presupuesto para la impresión de boletas. Cada una de las 28 listas que compiten en Buenos Aires para diputados nacionales – no se eligen senadores este año- recibirán $25.345.513, ya que los electores en ese distrito son 12.704.518, según datos de la CNE. En la elección del 2017, hubo menos de la mitad, 12 listas de precandidatos a la Cámara baja.

“Con el sistema de boleta múltiple que tenemos actualmente se desperdicia una gran cantidad de boletas, que no van a ser utilizadas. Por citar un caso, una mujer fue a Formosa, se enfermó, tuvo que ir al médico, y le dieron la receta para la farmacia en una boleta de (Gildo) Insfrán. A ese nivel sobran las boletas en Argentina”, afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Y propuso, como alternativa, un cambio a la boleta única de papel. “Esto implicaría una baja muy fuerte en el costo de la impresión, porque sería sólo una boleta por ciudadano”, destacó.

Pero Buenos Aires, a pesar de ser la madre de todas las batallas, no fue la provincia con más disputa política interna. Córdoba, con 2.984.631 electores, encabeza ese ranking con 46 listas en toda la provincia, 23 para diputados y el mismo número para senadores nacionales. En 2019, hubo 14 listas de precandidatos a la Cámara baja.

Le sigue Santa Fe, donde están habilitadas a votar 2768525 personas. En esa provincia se presentaron 45 boletas para las PASO, 23 para diputados y 22 para senadores.

Después de Buenos Aires y sus 28 listas, aparece Tucumán, con 1.267.045 electores y un total de 24 listas, 12 para diputados y 12 senadores nacionales. Le sigue La Pampa, una provincia con menos de 300.000 ciudadanas habilitados para votar, donde habrá 20 boletas distintas en el cuarto oscuro.

El estallido opositor

Tras la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada, las PASO se convirtieron en un escenario de ensayo electoral para Juntos por el Cambio de cara a 2023. Hoy, la principal alianza opositora es la fuerza política con más competencia interna: presentará 84 listas que competirán en 21 provincias a lo largo de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, distrito definitorio para el resultado electoral, se enfrentarán el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli y el neurólogo Facundo Manes. En la Ciudad de Buenos Aires, bastión de PRO, habrá tres listas distintas, pese a los esfuerzos de Horacio Rodríguez Larreta: la oficial liderada por María Eugenia Vidal, tendrá que enfrentarse a una de la UCR disidente, liderada por Adolfo Rubinstein, y otra de Republicanos Unidos, que encabeza Ricardo López Murphy.

En Córdoba, competirán cuatro listas de Juntos por el Cambio. Los dos principales contendientes son el actual presidente del principal interbloque opositor, el radical Mario Negri, y el también diputado Luis Juez, impulsado por Macri.

El Frente de Todos, ese amplio espacio que formó Cristina Kirchner junto a Sergio Massa y que también incluye al presidente Alberto Fernández, presentó 45 listas en todo el país. Tendrá internas en 7 provincias: Neuquén, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe, La Rioja y Chaco.

En la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo prefirió resolver sus diferencias puertas adentro, siempre bajo el visto bueno de la vicepresidenta. En ambos distritos presentaron listas unificadas que incluyen a los referentes propuestos por los distintos espacios que conforman la alianza oficialista. La hasta hace poco titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, encabezará la lista de diputados en territorio bonaerense y legislador porteño Leandro Santoro, radical K, será el primer candidato en la Capital Federal.

El distrito más “caliente” para el Frente de Todos es Santa Fe, por la decisión del ex ministro de Defensa Agustín Rossi de competir con Marcelo Lewandoski, que tiene el aval de la Casa Rosada. Este periodista y senador provincial fue el candidato que selló el acuerdo de unidad entre el gobernador peronista Omar Perotti y Cristina Kirchner un día antes del cierre de listas.

Pero el segundo lugar de disputa política dentro de las alianzas electorales lo ocupa la izquierda. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentará 69 listas en 21 provincias del país, según el revelamiento de Infobae.

Unión Popular Federal, un partido de Córdoba, es la fuerza política pequeña que más listas presentó: 12 en total, 6 para diputados y otras 6 para senadores. Este partido fue fundado en la década del 50 para apoyar a Juan Domingo Perón. El sello se utilizó en los años siguientes para impulsar a distintos candidatos presidenciales, de las más diversas líneas ideológicas: desde Jorge Sobisch a Sergio Massa y, en 2019, a Mauricio Macri, entre otros.

Lejos ya de los grandes nombres, los candidatos de Unión Popular Federal para estas PASO apenas aparecen en las encuestas de opinión de Córdoba. Aunque su objetivo es superar el piso del 1,5% de los votos necesarios para competir en las elecciones legislativas, Unión Popular Federal recibirá $35.726.033 para imprimir sus boletas.

El “respirador artificial”

La impresión de boletas es un gasto electoral menor al lado del Big Data y el marketing electoral que usan los candidatos más importantes, pero es el respirador artificial de partidos políticos que tienen poca vida institucional.

“Hay una gran cantidad de partidos que se presentan a elecciones solamente para cobrar este dinero y difícilmente la Justicia pueda controlar si efectivamente imprimieron esas boletas. Si seguimos con este sistema, entonces, habrá que controlar más”, advirtió Secchi ante la consulta de Infobae.

El aval para estos “partidos Pyme” llegó por parte de la Justicia. El frente Patriota Bandera Vecinal presentó en las PASO de 2017 un solo precandidato a diputado, Alejandro Biondini, pero seis precandidatos a senadores, que obtuvieron, entre todos, el 0,34% de los votos y no pasaron a las legislativas generales. El Estado ya había desembolsado $5 millones en concepto de impresión de boletas para toda la agrupación, pero el partido reclamaba que se le pagara por las boletas de cada una de las siete listas.

La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo de la Cámara Electoral que había sido adverso a Biondini, y ordenó cumplir con el criterio que la propia Corte había fijado en 2015, cuando dispuso que el Estado debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente. No importa cuántas listas sean. Esto implica que cualquier sector interno dentro de un partido que no quedé conforme con la integración de la lista de legisladores nacionales dispuesta por la mayoría del partido, puede crear su línea interna y cobrar dinero del Estado para presentarse.

El fallo judicial habilitó la posibilidad de obtener una ganancia extraordinaria: por el sólo hecho de presentar una lista en la provincia de Buenos Aires, un partido puede llevarse $25 millones del Estado para la impresión de boletas. Según las encuestas preelectorales, sólo un puñado de las 28 alianzas podrán superar el piso del 1,5% por cientos de los votos.

Fuente: Infobae.

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